El aceite de palma es el nuevo líder de la producción agrícola en Guatemala. Desde 2006 las exportaciones hacia Latinoamérica y Europa han crecido a una tasa promedio del 20% anual [1] , abasteciendo la creciente demanda internacional de biodiesel. Entre 2003 y 2015 el número de hectáreas cultivadas con palma africana se ha expandido desde 24.209 hasta 164.049, lo que representa un crecimiento anual del 17.3% y 4% de la tierra cultivable en Guatemala (CABI, 2017).
Figura 1. Área cultivada con palma africana en edad productiva (% del área total por departamento).
En los departamentos de Petén (norte), Quetzaltenango y San Marcos (sud-oeste) (12, 13 y 17 en la figura 1, respectivamente), esta expansión ha llevado a dragados ilegales de ríos, el uso inapropiado de recursos hídricos y el acaparamiento de tierras de comunidades campesinas indígenas, comprometiendo la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable (CONGCOOP, 2015). En efecto, las plantaciones industriales de palma aceitera en edad madura demandan una alta cantidad de agua que, en épocas de altas temperaturas, puede oscilar entre 42.000 y 49.000 litros al día [2] (Hortua, 2014), lo que conduce a que estas plantaciones compitan por el uso del agua en la irrigación de los cultivos tradicionales de granos básicos para la alimentación de las comunidades (maíz y frijoles).
Adicionalmente, los casos documentados en el estudio realizado por la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP, 2015), señalan que las aguas residuales de estos cultivos, con alto contenido en fertilizantes y agrotóxicos, son descargadas en los ríos Ocosito y Pacayá (Quetzaltenango y San Marcos) y en el río La Pasión (Petén), alterando la biodiversidad, reduciendo la disponibilidad de peces, inundando las parcelas de cultivos familiares y exponiendo a la población de áreas urbanas y rurales a sustancias nocivas para la salud.
El modelo expansionista del cultivo de palma africana difiere según la región. Mientras que en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango en la Costa Sur de Guatemala, la palma africana ha reemplazado el cultivo de algodón y ocupa tierras que anteriormente eran utilizadas para el pastoreo del ganado, en la región de Petén la expansión de este monocultivo ha implicado deforestación, compra y despojo forzado de tierras comunales y familiares de la población indígena Q’eqchi’.
Una de las estrategias utilizadas por las empresas es la oferta de empleo en las fincas de palma aceitera. El estudio de CONGCOOP (2015) documenta que la mayoría de los jornaleros contratados son hombres menores de 40 años, pero también es substancial el trabajo infantil y de mujeres, que representa alrededor del 11% y 25% respectivamente. En consecuencia, las familias afectadas no solo se vuelven dependientes de los ingresos recibidos por esta actividad y las condiciones laborales impuestas, sino que adicionalmente, tienen un menor acceso a alimentos debido a la pérdida total o parcial de sus tierras de cultivo.
Por otra parte, cabe resaltar que en la sociedad guatemalteca la malnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 5 años es un problema central y estructural. Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI, 2014/2015), 46.5% de los niños y niñas menores de 5 años presenta baja talla para su edad, porcentaje que aumenta en las municipalidades de la región occidente de Guatemala, donde vive la mayor parte de la población indígena.
Figura 2. Incidencia de malnutrición crónica en Guatemala
Utilizando esta misma fuente de datos para los años 1998/1999, 2002, 2008/2009 y 2014/2015, los resultados del análisis sugieren que las niñas y niños que viven en San Marcos, Quetzaltenango y Petén – los departamentos afectados por la contaminación hídrica y el desplazamiento forzoso de poblaciones indígenas – tienen una mayor probabilidad de sufrir malnutrición crónica que aquellos que viven en otros departamentos de Guatemala donde no se cultiva la palma africana – en efecto, esta probabilidad aumenta de 4.7 puntos porcentuales. Sin embargo, los hijos e hijas de madres indígenas son los más afectados, pues la probabilidad de enfrentar una situación de inseguridad alimentaria y nutricional aumenta de 7 puntos porcentuales.
Adicionalmente, el estudio de CONGCOOP (2015) documenta que el despojo de las tierras familiares y comunales de cultivo, así como las horas de trabajo excesivas y mal remuneradas de los padres de familia en las plantaciones de palma africana, supone un incremento y alargamiento de las jornadas laborales de las mujeres, madres de familia. Así, las mujeres se ocupan de las tareas reproductivas y domésticas dentro del hogar, no remuneradas, pero también de las actividades de producción que el trabajador realizaba con anterioridad – por ejemplo, buscar leña o comprar maíz. No obstante, en la mayoría de los casos, las mujeres se ven además obligadas a emplearse en la industria de palma aceitera o migrar a zonas urbanas en busca de trabajos complementarios que les permitan completar los ingresos familiares.
Esta situación no solo representa una desestructuración del orden establecido en el seno de las familias y dentro de las comunidades indígenas sino que también compromete la salud nutricional de los integrantes más vulnerables, como los niños y las mujeres. En efecto, el ánalisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil sugiere que la probabilidad de que los niños y niñas que viven en las áreas urbanas de San Marcos, Quetzaltenango y Petén sufran de malnutrición crónica aumenta de 11.5 puntos porcentuales, con respecto a los que viven en áreas urbanas en departamentos donde no se cultiva la palma africana. Adicionalmente, otro de los resultados encontrados revela que son los niños y niñas que viven en hogares donde el cabeza de familia es un hombre los que se ven particuliarmente afectados, pues, la probabilidad de presentar baja talla para su edad aumenta de 6 puntos porcentuales.
Como conclusión cabe destacar que esta realidad que viven las familias guatemaltecas no es más que la extensión de un sistema político-económico histórico que ha privilegiado la pequeña élite heredera del colonialismo español, a costa del desplazamiento y empobrecimiento constante de la mayor parte de la población campesina e indígena de Guatemala. No obstante, como el vídeo lo muestra, la economía campesina produce más jornales que las agroindustrias y emplea a una gran parte de la población guatemalteca. Además, el agua y la tierra son considerados por las comunidades Mayas Q’eqchi’ como elementos esenciales de la vida, la cultura, la reproducción y la estructura socio-política imperante en sus comunidades. Es por ello, que su protección y respeto deberían ser privilegiadas.
Notas:
[1] Cálculo realizado a partir de datos de UNCOMTRADE.
[2] Entre 300 y 350 litros por planta de palma y considerando que en una hectárea su pueden cultivar alrededor de 140 plantas.
Referencias
Central American Business Intelligence (CABI, 2017). “Impactos Socioeconómicos del Cultivo de Palma de Aceite en Guatemala”. Ficha técnica. Febrero 2017.
Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP, 2015). “Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Contexto de las Actividades de Agroindustia de Palma Aceitera en Guatemala”.
Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI, 2014). “Guatemala. Informe final”. Instituto Nacional de Estadística, VI reporte. Enero 2017.
Hortua (2014). “Representaciones discursivas sobre la palma de aceite en Colombia 2002-2012: Análisis Crítico del Discurso (ACD) desde una perspectiva ambiental”. Tésis de Maestría.
Comments