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ECONOMÍA POLÍTICA - DESIGUALDAD, POBREZA, GÉNERO Y BIENESTAR

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El grupo de Economía Política se interesa sobre temas de investigación relacionados con la desigualdad, la pobreza, la economía de género y el bienestar de los hogares de la región de América Latina y el Caribe. 

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Busca comprender y analizar la caracterización de los hogares, las distintas privaciones sociales que enfrentan, la organización social de los cuidados y la autonomía de género, los factores que ayudan a reducir la desigualdad y aquellos que la comprometen, con el fin de repensar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población latinoamericana.

Las herramientas que utiliza son entrevistas, artículos, reportajes, documentales, encuentros y congresos, escuelas de verano/invierno, llamadas de artículos para congresos y demás medios que permitan intercambiar ideas y divulgar conocimiento. 

Las herramientas que utiliza son entrevistas, artículos, reportajes, documentales, encuentros y congresos, escuelas de verano/invierno, llamadas de artículos para congresos y demás medios que permitan intercambiar ideas y divulgar conocimiento. 

El impacto de la expansión de la palma africana en la malnutrición infantil en Guatemala

Por Juliana Yael Milovich

El aceite de palma es el nuevo líder de la producción agrícola en Guatemala. Desde 2006 las exportaciones hacia Latinoamérica y Europa han crecido a una tasa promedio del  20% anual [1] , abasteciendo la creciente demanda internacional de biodiesel. Entre 2003 y 2015 el número de hectáreas cultivadas con palma africana se ha expandido desde 24.209 hasta 164.049, lo que representa un crecimiento anual del 17.3% y 4% de la tierra cultivable en Guatemala (CABI, 2017).

Figura 1. Área cultivada con palma africana en edad productiva (% del área total por departamento)

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Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2003 y Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, 2015

En los departamentos de Petén (norte), Quetzaltenango y San Marcos (sud-oeste) (12, 13 y 17 en la figura 1, respectivamente), esta expansión ha llevado a dragados ilegales de ríos, el uso inapropiado de recursos hídricos y el acaparamiento de tierras de comunidades campesinas indígenas, comprometiendo la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable (CONGCOOP, 2015). En efecto, las plantaciones industriales de palma aceitera en edad madura demandan una alta cantidad de agua que, en épocas de altas temperaturas, puede oscilar entre 42.000 y 49.000 litros al día [2] (Hortua, 2014), lo que conduce a que estas plantaciones compitan por el uso del agua en la irrigación de los cultivos tradicionales de granos básicos para la alimentación de las comunidades (maíz y frijoles).

Adicionalmente, los casos documentados en el estudio realizado por la Coordinación de ONG y Cooperativas de Guatemala (CONGCOOP, 2015), señalan que las aguas residuales de estos cultivos, con alto contenido en fertilizantes y agrotóxicos, son descargadas en los ríos Ocosito y Pacayá (Quetzaltenango y San Marcos) y en el río La Pasión (Petén), alterando la biodiversidad, reduciendo la disponibilidad de peces, inundando las parcelas de cultivos familiares y exponiendo a la población de áreas urbanas y rurales a sustancias nocivas para la salud.

 

El modelo expansionista del cultivo de palma africana difiere según la región. Mientras que en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango en la Costa Sur de Guatemala, la palma africana ha reemplazado el cultivo de algodón y ocupa  tierras que anteriormente eran utilizadas para el pastoreo del ganado, en la región de Petén la expansión de este monocultivo ha implicado deforestación, compra y despojo forzado de tierras comunales y familiares de la población indígena Q’eqchi’.

Una de las estrategias utilizadas por las empresas es la oferta de empleo en las fincas de palma aceitera. El estudio de CONGCOOP (2015) documenta que la mayoría de los jornaleros contratados son hombres menores de 40 años, pero también es substancial el trabajo infantil y de mujeres, que representa alrededor del 11% y 25% respectivamente. En consecuencia, las familias afectadas no solo se vuelven dependientes de los ingresos recibidos por esta actividad y las condiciones laborales impuestas, sino que adicionalmente, tienen un menor acceso a alimentos debido a la pérdida total o parcial de sus tierras de cultivo.

Por otra parte, cabe resaltar que en la sociedad guatemalteca la malnutrición crónica infantil en niñas y niños menores de 5 años es un problema central y estructural. Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI, 2014/2015), 46.5% de los niños y niñas menores de 5 años presenta baja talla para su edad, porcentaje que aumenta en las municipalidades de la región occidente de Guatemala, donde vive la mayor parte de la población indígena.

Figura 2. Incidencia de malnutrición crónica en Guatemala

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Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014/2015

Utilizando esta misma fuente de datos para los años 1998/1999, 2002, 2008/2009 y 2014/2015,  los resultados del análisis sugieren que las niñas y niños que viven en San Marcos, Quetzaltenango y Petén – los departamentos afectados por la contaminación hídrica y el desplazamiento forzoso de poblaciones indígenas – tienen una mayor probabilidad de sufrir malnutrición crónica que aquellos que viven en otros departamentos de Guatemala donde no se cultiva la palma africana – en efecto, esta probabilidad aumenta de 4.7 puntos porcentuales. Sin embargo, los hijos e hijas de madres indígenas son los más afectados, pues la probabilidad de enfrentar una situación de inseguridad alimentaria y nutricional aumenta de 7 puntos porcentuales.

Adicionalmente, el estudio de CONGCOOP (2015) documenta que el despojo de las tierras familiares y comunales de cultivo, así como las horas de trabajo excesivas y mal remuneradas de los padres de familia en las plantaciones de palma africana, supone un incremento y alargamiento de las jornadas laborales de las mujeres, madres de familia. Así, las mujeres se ocupan de las tareas reproductivas y domésticas dentro del hogar, no remuneradas, pero también de las actividades de producción que el trabajador realizaba con anterioridad – por ejemplo, buscar leña o comprar maíz. No obstante, en la mayoría de los casos, las mujeres se ven además obligadas a emplearse en la industria de palma aceitera o migrar a zonas urbanas en busca de trabajos complementarios que les permitan completar los ingresos familiares.

Esta situación no solo representa una desestructuración del orden establecido en el seno de las familias y dentro de las comunidades indígenas sino que también compromete la salud nutricional de los integrantes más vulnerables, como los niños y las mujeres. En efecto, el ánalisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil sugiere que la probabilidad de que los niños y niñas que viven en las áreas urbanas de San Marcos, Quetzaltenango y Petén sufran de malnutrición crónica aumenta de 11.5 puntos porcentuales, con respecto a los que viven en áreas urbanas en departamentos donde no se cultiva la palma africana. Adicionalmente, otro de los resultados encontrados revela que son los niños y niñas que viven en hogares donde el cabeza de familia es un hombre los que se ven particuliarmente afectados, pues, la probabilidad de presentar baja talla para su edad aumenta de 6 puntos porcentuales.

Como conclusión cabe destacar que esta realidad que viven las familias guatemaltecas no es más que la extensión de un sistema político-económico histórico que ha privilegiado la pequeña élite heredera del colonialismo español, a costa del desplazamiento y empobrecimiento constante de la mayor parte de la población campesina e indígena de Guatemala. No obstante, como el vídeo lo muestra, la economía campesina produce más jornales que las agroindustrias y emplea a una gran parte de la población guatemalteca. Además, el agua y la tierra son considerados por las comunidades Mayas Q’eqchi’ como elementos esenciales de la vida, la cultura, la reproducción y la estructura socio-política imperante en sus comunidades. Es por ello, que su protección y respeto deberían ser privilegiadas.

[1] Nota: cálculo realizado a partir de datos de UNCOMTRADE.

[2] Nota: Entre 300 y 350 litros por planta de palma y considerando que en una hectárea su pueden cultivar alrededor de 140 plantas.

Referencias

  • Central American Business Intelligence (CABI, 2017). “Impactos Socioeconómicos del Cultivo de Palma de Aceite en Guatemala”. Ficha técnica. Febrero 2017.

  • Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP, 2015). “Situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en el Contexto de las Actividades de Agroindustia de Palma Aceitera en Guatemala”.

  • Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI, 2014). “Guatemala. Informe final”. Instituto Nacional de Estadística, VI reporte. Enero 2017.

  • Hortua (2014). “Representaciones discursivas sobre la palma de aceite en Colombia 2002-2012: Análisis Crítico del Discurso (ACD) desde una perspectiva ambiental”. Tésis de Maestría.

Nota Guate 1
Notas Guate 2
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El elevado nivel de desigualdad del ingreso en México:

un reto colosal para el desarrollo sostenible

Por: Agustín Aguilar Resendiz

 

La desigualdad ha recuperado un rol central en los debates públicos, la reducción de los niveles de la misma y la disminución de las tasas de pobreza se han convertido en elementos importantes en la agenda de política pública en los países en desarrollo. Respecto a los niveles de desigualdad en América Latina se ha señalado que existe una gran concentración del ingreso y, por ende, una gran desigualdad. Uno de los casos más complejos es el mexicano, que por el tamaño de su población y por la participación de su economía en los resultados de toda la región, merece ser analizado.

La medida más común sobre desigualdad es el Coeficiente Gini. Un estudio del Banco Mundial de 2016 sobre el índice Gini muestra que, dentro de una base de 101 países, México se encuentra entre los diez más desiguales del mundo (ocho son latinoamericanos). Por su parte, la OECD, en una base de 42 países coloca a México como el cuarto país más desigual. En los reportes más recientes del Banco Mundial se ha señalado la importancia de disminuir la desigualdad, a fin de lograr la meta de reducción de la pobreza. México también tiene un compromiso para incluir este tema en la política pública en el futuro, puesto que la desigualdad es un asunto que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 [1].

 

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) la desigualdad a nivel mundial ha tenido un constante incremento, las cifras evidencian que el 10% más rico de la población posee el 40% del ingreso mundial total y el 10% de la población más pobre se queda con menos del 7% del ingreso mundial total. El PNUD también menciona que, en países en desarrollo, considerando el incremento de la población, la desigualdad se incrementó en un 11% entre 1990 y 2010.

 

El 26 de abril de 2017 se instaló en México el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los datos que a continuación se presentan, constituyen un esfuerzo a fin de reafirmar la vinculación del país con esta agenda de trascendencia mundial, ratificando el compromiso de sumarse a los esfuerzos que la comunidad internacional realiza en materia de desarrollo sostenible.

El Índice de Gini captura el área entre la curva de Lorenz (en rojo) y la línea de igualdad (en negro). Si no hay diferencia entre estas dos, el coeficiente de Gini es igual a 0, lo que implica igualdad perfecta. Mientras que si están muy alejadas el coeficiente de Gini es positivo, llegando al caso extremo en el que es igual a 1, lo que corresponde a una distribución completamente desigual (Banco Mundial, 2016).

El Índice de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es una curva de frecuencia acumulada donde se compara la distribución de una variable específica (por ejemplo, el ingreso) con una distribución uniforme que representa la igualdad en la distribución de los ingresos (la línea en negro) (Banco Mundial, 2016).

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Fuente: MEC 2016 del MCS-ENIGH.

De acuerdo con los resultados de Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y como lo muestra la tabla, en México los ingresos corrientes totales per cápita del primer decil (los 10% mas pobres) solo representan el 3.73% respecto del decil más alto (los 10% más ricos), asimismo, la riqueza del 43% de la población con menores ingresos es equivalente al 1% de la población con mayores ingresos.

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Fuente: MEC 2016 del MCS-ENIGH.

Fuente: MEC 2016 del MCS-ENIGH.

El coeficiente de Gini para México en 2016 equivale a 0.498. Si se consideran los resultados al interior de las 32 entidades federativas del país se obtienen resultados contrastantes en el mapa. Se observa que Nuevo León es la entidad federativa más desigual del país, con un coeficiente de Gini de 0.578 (donde el 10% de la población con mayores ingresos posee el 52% del total); mientas que la entidad federativa menos desigual es Tlaxcala con un coeficiente de Gini de 0.378 (donde el 10% de la población con mayores ingresos posee el 30% del total).

Esto evidencia gran parte de los retos que  debe afrontar el próximo y futuros gobiernos. Implica que el diseño de política económica tanto en lo que se relaciona con el manejo de las finanzas, como en la promoción del desarrollo productivo, deben incluir canales para superar las condiciones que han hecho que una gran proporción de la sociedad mexicana no tenga una asignación justa del ingreso, y que incluso muchas familias se encuentren en condición de pobreza, lo que se ha identificado como uno de los factores centrales que condenan a nuestra región al subdesarrollo. Además la tarea de los gobiernos debe orientarse a trabajar en cooperación y coordinación con otros países, fortaleciendo las políticas económicas supranacionales tendientes a disminuir la desigualdad entre las naciones.

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[1] Los ODS son una ruta trazada por Naciones Unidas para abordar los retos que enfrentan los países, y así mejorar la calidad de vida de todas las personas. Este proyecto se encuentra enmarcado en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y abarca 17 objetivos y 169 metas que buscan fortalecer la paz mundial, erradicar la pobreza, lograr el cumplimento los derechos humanos, mejorar el medio ambiente y alcanzar la igualdad de género.

Base de datos bibliográfica 

 

  • Banco Mundial. Grupo de investigaciones sobre el desarrollo. 2016. Base de datos.

  • INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. México 2016. Base de datos.

  • Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2017.

  • OECD. Income Distribution and Poverty. Base de datos.

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