Por: Belén Villegas Plá
La noción de bienestar social refiere al conjunto de políticas orientadas a promover, en conjunto, el efectivo ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. En un sentido amplio, comprende lo relativo al mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; así como el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. El análisis de las matrices de bienestar social debe tener en cuenta componentes distributivos, así como los riesgos –individuales y colectivos- a los cuales están sujetas las personas en la sociedad.
En los últimos años, se han llevado a cabo importantes avances en materia de protección social que han impactado reduciendo los niveles de pobreza y acceso a derechos en gran parte de los países de América Latina. No obstante, pese a dichos avances, los sistemas de protección social continúan presentando importantes desafíos en materia de género. Por un lado, existen sesgos en los sistemas de protección social que impactan en las desigualdades de género. Por otro, los sistemas de protección social en la región tienen una base fuertemente contributiva, en especial los sistemas de pensiones y jubilaciones. Dado que las mujeres son mayormente responsables del trabajo no remunerado, tienden a tener una inserción menos constante y más precaria en el mercado laboral: afectando su contribución y por ende sus ingresos en la jubilación.
En lo que sigue, se reseñan las características de estos sistemas en la actualidad en América Latina, poniendo el foco en tres ejes: protección social, servicios públicos e infraestructura; haciendo hincapié en su interrelación con las desigualdades de género.
Protección social en América Latina
a. Sistema de seguridad social
La noción clásica de seguridad social se basa en ciertos principios generales (universalidad, solidaridad, igualdad y eficiencia) que otorgan a las personas cierta protección frente a contingencias (desempleo, enfermedad, accidente, etc.). Esta noción de protección es retomada por los estudios feministas, otorgándole contenido específico relativo a la condición de las mujeres. Los principios de la seguridad social fueron pensados para el trabajador varón, con un empleo estable, que le asigna el rol de proveedor de la familia, en la que la mujer es quien se encarga de las tareas de cuidados de los familiares en situación de dependencia (niños/as y adultos mayores). De esta estructura se deriva el derecho de los varones a la seguridad social, en tanto a las mujeres acceden solo a este derecho de forma derivada (CEPAL, 2017 c: 170).
La Agenda Regional de Género, conformada por los acuerdos aprobados por los Gobiernos en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizadas en los últimos cuarenta años, contiene numerosos compromisos estatales que abordan los derechos económicos y sociales y, en especial, el derecho a la seguridad social (Ibídem: 165)[1]. En la Estrategia de Montevideo se establecen una serie de acuerdos para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en relación con múltiples problemáticas, entre las que se destacan el efectivo acceso a “derechos económicos, sociales y culturales”, entre los que se incluye el acceso a protección y seguridad social (Estrategia de Montevideo, 2017: 11).
Un importante número de mujeres carecen de ingresos propios impactando en su acceso a seguridad social
La evidencia muestra que, en América Latina, en promedio, el 29% de las mujeres no acceden aún a ingresos propios, porcentaje que se ubica en torno al 12% en el caso de los varones. Esta generalidad esconde, sin embargo, especificidades, siendo Guatemala el caso más extremo donde más del 50% de las mujeres carecen de ingresos propios, en tanto que el Uruguay presenta la menor proporción, de un 13,4% (CEPAL, 2016 b).
Gráfico I. América Latina (17 países): proporción de mujeres sin ingresos propios por tramos de edad y proporción de mujeres de 60 años y más que son receptoras de pensiones, alrededor de 2015a b (En porcentajes)
Las mujeres son los principales responsables del trabajo no remunerado
El siguiente gráfico expone, en particular, el tiempo destinado al trabajo no remunerado de varones y mujeres.
Fuente: CEPAL, 2019: 203 extraído de OIG/CEPAL
Con miras a visibilizar el aporte del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, los países de la región han realizado mediciones para captar su valor económico mediante las Encuestas de Uso del Tiempo. En este sentido, se ha señalado que el trabajo no remunerado sería equivalente a entre el 15,2% del PIB (Ecuador, 2012) y el 24,2% del PIB (México, 2014). De este, la mayor parte es realizado por mujeres, quienes aportan entre el 11,8% y el 18% del PIB, respectivamente (CEPAL, 2016ª citado en CEPAL, 2019: 213). Si los cuidados no representan un costo para los Estados, este costo está siendo asumido por las mujeres, quienes no solo asumen doble jornada de trabajo, sino también asumen un costo en términos de oportunidades (laborales, personales), que pierden por llevar a cabo estas tareas.
Las mujeres tienen una inserción menos constante y más precaria en el mercado laboral, lo que dificulta su acceso a seguridad social
Por otra parte, dado que las mujeres son las principales responsables del trabajo no remunerado de cuidados, su participación en la actividad económica remunerada es menos constante y más precaria. En consecuencia, 50% de las mujeres en la región no acceden a derechos de seguridad social, como los sistemas de pensiones, o solo acceden a los mismos debido a su condición de viudas o por criterios de asistencia social (CEPAL, 2017 c: 180). El siguiente gráfico ilustra la alta presencia de mujeres en sectores de baja productividad, y, por ende, con escaso acceso a la protección social.
Gráfico 2. América Latina (17 países): proporción de mujeres de entre 15 y 64 años ocupadas en sectores de baja productividad, respecto del total de ocupadas y proporción de afiliadas o cotizantes al sistema de seguridad social, alrededor de 2015 (En porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos países.
El acceso a seguridad social por parte de quienes se desempeñan en el empleo doméstico aún constituye una deuda social en la región
Finalmente, es necesario hacer hincapié en una deuda histórica por parte de los sistemas de seguridad social: la falta de reconocimiento del empleo doméstico. En América Latina, este sector está ocupado casi totalmente por mujeres, quienes sin embargo no acceden a protección social. Si bien ha habido avances en esta materia en la medida de que varios países han saldado su deuda al respecto (Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay), aún resta extender dichas medidas en la región. Asimismo, la efectiva cobertura formal presenta importantes desafíos en la medida de que persiste la extendida ausencia de contrato de trabajo formal (Ibídem: 194).
Gráfico 3. América Latina (17 países): proporción de mujeres de 15 años y más ocupadas en el servicio doméstico, respecto del total de ocupadas, y proporción de afiliadas o cotizantes al sistema de seguridad social, alrededor de 2015a b (En porcentajes)
Los sistemas de pensiones poseen efectos directos en materia de género
La desigualdad de género en los sistemas de pensiones es un problema que afecta no solo la región sino los sistemas de la mayor parte del mundo (Arza, 2017). Por un lado, la desigualdad es producto del componente contributivo fuertemente vinculado a la trayectoria laboral. Dado que, como fue mencionado, las mujeres suelen tener trayectorias más precarias e inestables –en gran medida por la sobrecarga de trabajo no remunerado- los beneficios jubilatorios suelen ser sustantivamente menores a los de los varones.
Una de las posibles medidas implementadas para contrarrestar tales efectos ha sido la bonificación de años de contribuciones por cada hijo e hija; como medida orientada a contabilizar en el acceso jubilatorio la carga de trabajo no remunerado en particular en el cuidado de los menores dependientes (Amarante et al., 2016: 15).
Por otro lado, las reglas del sistema de pensiones pueden catalizar las desigualdades de género mediante diversos formatos. De esta manera, los sistema de reparto suelen tener menores efectos negativos sobre las desigualdades de género que los sistemas de ahorro individual en la medida de que los segundos basan su esquema de cálculo en tablas de mortalidad diferenciadas por género. Debido a que la expectativa de vida de las mujeres es más alta, y sumado a que sus contribuciones son menores y más interrumpidas, sus ingresos mensuales en la jubilación son significativamente más bajos que en el caso de los varones. Esto podría subsanarse a través de la utilización de tablas de mortalidad no diferenciadas por género o bien a través de la implementación de mínimos de pensión.
Reflexiones finales
La región ha implementado grandes avances en materia de reconocimiento del trabajo no remunerado a través de diferentes modelos de compensación o retribución que ayudan a visibilizar el valor de dichas tareas (CEPAL, 2019 b: 56). Entre estos esfuerzos pueden señalarse la creación de licencias parentales, la creación y/o extensión de centros de cuidado infantil, la generación de servicios de cuidados para población en situación de dependencia por discapacidad, las edades de jubilación diferenciada como mecanismos de reconocimiento, entre otras.
Pese a los avances experimentados en materia de protección social en los últimos años en América latina, existen aún importantes desafíos en materia de género. Por un lado, existen asimetrías en los mercados laborales de empleo: las mujeres se emplean en sectores de menor productividad (con menores sociales y condiciones más precarias), poseen menores salarios, al tiempo que enfrentan importantes rezagos dada su doble jornada laboral debido a su rol de principales responsables del trabajo no remunerado. Por otro lado, los sistemas de protección social tienen impactos específicos en materia de género, por ejemplo, en materia de esquemas jubilatorios, que deberían ser tenidos en cuenta en el diseño de políticas.
Notas
[1] En materia de sistemas previsionales, destacan los siguientes compromisos gubernamentales: la cobertura universal, integral y eficiente, mediante financiamiento solidario (Consenso de Santo Domingo (2013) y Consenso de Brasilia (2010)); la inclusión de las trabajadoras domésticas, las mujeres rurales, las trabajadoras autónomas, informales (Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 la incorporación de mecanismos de reconocimiento y compensación por el cuidado no remunerado que realizan predominantemente las mujeres en sus hogares, integrándolas en los sistemas de seguridad social (Consenso de Lima (2000)); el aumento de la inversión pública en la seguridad social, de manera que aborde en forma integral las demandas específicas de cuidado y protección social (Consenso de Brasilia (2010)), y la adopción de medidas dirigidas al ejercicio del derecho al cuidado y a una repartición más equitativa del cuidado entre la sociedad, el Estado y las familias, así como la necesidad de avanzar en la legislación laboral y los sistemas de seguridad social hacia licencias de cuidado para varones y mujeres (Consenso de Santo Domingo (2013)). Extraído de CEPAL (2017 C: 167-168).
Referencias
Amarante, Verónica; Colacce, Maira, y Manzi, Pilar (2016). La brecha de género en jubilaciones y pensiones: los casos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.
Arenas, Alberto (2016). Sostenibilidad fiscal y reformas tributarias en América Latina. BID-CEPAL.
Arza, Camila (2017). El diseño de los sistemas de pensiones y la igualdad de género ¿Qué dice la experiencia europea? Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas. LC/L.429847p.
CEPAL (2016 a) Panorama Social de América Latina. División de Desarrollo Social y la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.
CEPAL (2016 b) Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible.
CEPAL (2016) Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CEPAL (2017 b). ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para las políticas urbanas de igualdad. María Nieves Rico y Olga Segovia (editoras).
CEPAL (2017 c). Panorama Social de América Latina.
CEPAL (2017 e). La Agenda 2030 y la Agenda Regional de Género Sinergias para la igualdad en América Latina y el Caribe. Nicole Bidegain Ponte. Serie de Asuntos de Género 143.
CEPAL (2017). ¿Quién cuida en la ciudad? Aportes para las políticas urbanas de igualdad. María Nieves Rico y Olga Segovia (editoras). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.
CEPAL (2018 d). La ineficiencia de la desigualdad. Publicación de las Naciones Unidas.
CEPAL (2018), La ineficiencia de la desigualdad (LC/SES.37/3-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
CEPAL (2019). Panorama Social de América Latina 2018. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Marco Navarro, Flavia (2016). La nueva ola de reformas previsionales y la igualdad de género en América Latina. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas.