Por Belén Villegas
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El Covid-19 ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas en todo el mundo. De hecho, incluso antes de que la pandemia llegara a los países en desarrollo, la conmoción económica de las economías avanzadas ya los había golpeado de manera dramática, incluso en comparación con la crisis financiera mundial de 2008 (UNCTAD, 2020 b).
Los países en desarrollo han experimentado una drásticas salidas de capital, lo que ha provocado grandes depreciaciones monetarias (UNCTAD, 2020). Asimismo, en los países con una elevada dependencia de deuda externa, las tendencias recientes están ejerciendo una enorme presión sobre la sostenibilidad de su deuda al socavar el acceso futuro a la refinanciación de las obligaciones pendientes (Idem).
Al mismo tiempo, las economías de muchos países en desarrollo se basan fuertemente en materias primas (commodities), cuyos precios han caído precipitadamente desde que comenzó la crisis. En general, la disminución de los precios de los productos básicos ha sido del 37% este año, y las principales caídas se han concentrado en los aceites, los metales y los productos minerales, siendo la agricultura la menos perjudicada en términos de precios junto con el oro (ídem).
Con dos tercios de la población mundial viviendo en países en desarrollo (excluida China), el mundo está haciendo frente a un daño socioeconómico sin precedentes que tiene muchas consecuencias para la vida de las personas.
Si bien las economías desarrolladas disponen de un mayor espacio fiscal para financiar los paquetes de estímulo necesarios para afrontar el actual contexto, los países en desarrollo han visto cómo su espacio fiscal se ha reducido aún más que antes, debido a la disminución de los ingresos fiscales. Es más, las necesidades fiscales han desencadenado nivel de deuda y préstamos que han venido perjudicando el espacio político.
Al mismo tiempo, como Judith Butler ha dicho recientemente, si bien la pandemia afecta potencialmente a todos y todas por igual, “los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo”[1] ponen a algunas personas en mayor peligro que otras en relación con las consecuencias de la enfermedad.
Al respecto, feministas alrededor del mundo han repetido una y otra vez que el género importa a la hora de pensar el desarrollo así como los efectos de las crisis. La pandemia del COVID-19 está exacerbando las desigualdades y entre ellas las de género, especialmente en el Sur Global, donde el patriarcado, la desigualdad y la pobreza, en un contexto de crisis mundial, amenazan seriamente la vida de las mujeres.
Un escenario de cambios
Tras un descenso de veinticinco años a partir del decenio de 1980, los precios de los productos básicos aumentaron en el decenio de 2000 (CEPAL, 2011; Levistky, 2011; Burchardt & Dietz, 2014; Svampa, 2013). El aumento de la demanda de China, los movimientos especulativos vinculados al exceso de liquidez y la falta de activos financieros sólidos y tangibles, provocaron un aumento de los precios de los productos básicos (principalmente los metales y la agricultura) desde 2002 y especialmente desde la crisis de los Estados Unidos en 2008 (Ocampo, 2009; 2019).
Asimismo, los niveles de deuda externa como porcentaje del PIB se redujeron a la mitad, de casi 40% en 1999 a 19% en 2011, y los niveles de inversión extranjera directa se duplicaron con creces en el mismo período, de 72.000 millones de dólares en 2000 a 153.000 millones de dólares en 2011 (CEPALSTAT, 2017). El aumento de los precios de los productos básicos dio lugar a una mejora de los saldos contables y promovió grandes entradas de capital extranjero. Como consecuencia de ello, los tipos de cambio reales se apreciaron, pero los países pudieron alcanzar una considerable acumulación de reservas de divisas y una marcada reducción del endeudamiento externo (Bacha & Fishlow, 2011: 395). En este contexto, gran parte de los países de la región implementaron una batería de políticas sociales y políticas orientadas a la mejora en los niveles de distribución y reducción de la pobreza.
Sin embargo, muchas de las condiciones que produjeron un fuerte repunte en los países en desarrollo después de 2010 ya no están presentes o son mucho más débiles. Hubo una considerable disminución de la demanda de China y las políticas monetarias y comerciales de los Estados Unidos -que impulsaron el valor del dólar estadounidense- contribuyeron a la presión a la baja de los precios de los productos básicos (Erten y Ocampo, 2013; Jacks, 2013).
Además, la disminución del espacio fiscal y el aumento de las corrientes financieras ilícitas en el último decenio amenazan la posibilidad de una estrategia de recuperación eficaz en muchos países en desarrollo. Los flujos ilícitos afectan la capacidad recaudatoria de los Estados, afectando las posibilidades distributivas a través de estrategias de Gasto con enfoque social. Asimismo, la mayoría de los países de la región están experimentando un aumento de los costos del servicio de la deuda desde 2012, y ya están haciendo frente a reembolsos de la deuda pública denominada en moneda extranjera durante este año y el próximo (UNCTAD, 2020).
¿De qué manera el COVID-19 está exacerbando las desigualdades de género?
La crisis de COVID-19 está afectando a las mujeres y los hombres de manera diferente, según el sector en que trabajen, la fragilidad de su situación laboral, su acceso al trabajo y a la protección social, y sus responsabilidades de cuidado.
Los recortes de gastos provocados por las limitaciones de los ingresos fiscales tienen un efecto desproporcionado en las mujeres y los niños (véase, por ejemplo, Ortiz y Cummins, 2013) por muchas razones. Las mujeres tienden a depender más de las políticas sociales porque están más a cargo de los niños y tienen salarios más bajos y trayectorias laborales menos estables.
Al mismo tiempo, cuando se recortan los servicios sociales como la salud, la educación de los niños y los servicios de atención, las mujeres tienen que asumir esta falta de servicios aumentando su tiempo dedicado al trabajo no remunerado.
En lo que respecta al empleo, las crisis anteriores han demostrado que cuando los puestos de trabajo son escasos, las mujeres pasan a ser trabajadoras “de segunda línea”. La prevalencia de valores patriarcales conlleva a pensar el trabajo de las mujeres como subsidiario o complementario al trabajo del hombre; considerado principal proveedor del hogar. Esto suele ocurrir sobre todo en los empleos de calificación media y alta, mientras que en los empleos más precarios a veces se produce la tendencia opuesta. En este último caso, las mujeres son vistas como trabajadoras más fácilmente precarizadas en trabajos con salarios más bajos y menores derechos sociales y laborales. Esto suele implicar la erosión de las protecciones laborales y el empeoramiento duradero de las condiciones de trabajo.
Además, a pesar de los notables progresos realizados por las mujeres en el último medio siglo, su posición en el mercado laboral sigue siendo muy diferente de la de los hombres. En promedio, las mujeres empleadas trabajan menos horas, ganan menos y están ubicadas en lugares jerárquicos más bajos que los hombres empleados (OCDE, 2020).
Especialmente en los países de ingresos más bajos, las mujeres se dedican en gran medida al trabajo informal y a otras formas precarizadas de empleo (por ejemplo, el trabajo por cuenta propia en pequeñas empresas de subsistencia, el trabajo doméstico), lo que a menudo las deja al margen de las medidas oficiales de protección social dirigidas a los trabajadores/as.
Antes de que se iniciara la crisis de COVID-19, un gran número de mujeres seguía estando excluido del mercado laboral. La tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo mundial disminuyó en los últimos decenios del 50,3% en 2005 al 47,2% estimado para 2019, lo que dio lugar a una brecha de género en la tasa de participación de alrededor de 27 puntos porcentuales (OIT, 2020). Según los últimos datos de la CEPAL y la OIT, en 2020 habrá 21 millones de mujeres desempleadas, 8 millones más que en 2019.
Más de la mitad de las mujeres empleadas están en sectores gravemente afectados por la crisis (CEPAL, 2020 a). Por ejemplo, casi el 60% de quienes se desempeñan en actividades de alojamiento y alimentación en América Latina y el 61% en el Caribe, son mujeres (CEPAL, 2020 a: 39).
En la mayoría de los países asiáticos, muchos de los puestos de trabajo del sector de los servicios que se ven gravemente afectados por la crisis actual son desproporcionadamente femeninos, como recepcionistas, auxiliares de vuelo, personal de servicios de restaurante, peluqueros, entre otros. Sin embargo, algunos empleos de la industria manufacturera también tienen una alta concentración de trabajadoras. Por ejemplo, casi la mitad de los trabajadores del sector textil o de la fabricación de prendas de vestir de Bangladesh son mujeres, quienes son enviadas a sus hogares sin recibir remuneración alguna debido a COVID-19. Además, muchas actividades informales, especialmente en las zonas urbanas, funcionan en las calles de los países en desarrollo y son dirigidas por mujeres, que en la mayoría de los casos se ven perjudicadas durante los períodos de reclusión (BM, 2017).
Se estima que la actual pandemia podría colocar a 49 millones de personas en la pobreza extrema en 2020. Dada la desigualdad estructural que pone a las mujeres en mayor riesgo de pobreza, la mayoría de ellas están atrapadas en la llamada “trampa de la pobreza” (véase Kabeer, 2011). Debe tenerse en cuenta que ya antes de la crisis, las mujeres estaban sobrerrepresentadas entre los desempleados (Muñoz Boudet y otros, 2018) y los trabajadores informales por lo hoy tienen un acceso limitado a la protección social (CEPAL, 2020 a).
La permanencia de las mujeres en el mercado laboral tiende a ser más débil que el de los hombres, especialmente -pero no sólo- cuando los hijas e hijos son menores de 5 años. Las mujeres suelen interrumpir su permanencia en el trabajo remunerado o incluso salirse de él debido a la sobrecarga de trabajo no remunerado que tienen que asumir. Esta situación no sólo las coloca en una posición de pobreza monetaria y falta de derechos, sino que también hace que sus condiciones materiales de vida sean precarias a largo plazo, a la vez que las aleja de un mercado laboral que luego las castiga por su falta de permanencia en él. A la larga, con el paso de los años, se les hace cada vez más difícil volver al trabajo remunerado, consolidando así su situación de pobreza a lo largo del tiempo (CEPAL, 2020 a; Carracos, 2017; Rodríguez, 2015; Pérez Orosco, 2014; entre otras).
Otro de los sectores altamente afectados en esta crisis son las trabajadoras domésticas quienes en muchos casos han quedado sin trabajo, y debido a los niveles de informalidad de este sector, frecuentemente han carecido de protección o subsidios asociados al empleo, o bien ha sido obligado a trasladarse de forma permanente a los lugares de trabajo. En México, por ejemplo, el 99% de las trabajadoras domésticas (en su mayoría mujeres) no están inscritas en la seguridad social (OCDE, 2017). Aunque esto afecta a las mujeres de todo el mundo, las regiones más afectadas son el sudeste asiático y el Pacífico, con el 76% de las trabajadoras domésticas en situación de riesgo, seguidas de América (74%), África (72%) y Europa y Asia central (45%) (OIT, 2020 c).
El 80% de quienes se desempeñan en el trabajo doméstico son mujeres (OIT, 2020). En la actualidad, las trabajadoras domésticas suelen tener salarios muy bajos y horarios excesivamente largos, y frecuentemente no tienen garantizado un día de descanso semanal .
Sin embargo, la falta de acceso a la seguridad social va mucho más allá de las trabajadoras domésticas. En efecto, aunque a nivel mundial es más probable que los hombres trabajen en el sector informal que las mujeres, en muchos de los países más pobres del mundo son las mujeres trabajadoras las que tienen más probabilidades de encontrar un empleo en estos sectores. Esto incluye a la mayoría de los países del África subsahariana, Asia meridional y América Latina (OCDE/OIT, 2019).
Todas estas desigualdades macroeconómicas de género se combinan con la actual crisis del cuidado, que se está llevando a cabo principalmente sobre las espaldas de las mujeres. En todo el mundo, las mujeres realizan hasta diez veces más trabajo que los hombres en el trabajo de cuidado no remunerado, según el Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) del Centro de Desarrollo de la OCDE. Las restricciones de viaje, las cuarentenas en el hogar, los cierres de escuelas y guarderías y las medidas de cierre más estrictas para los ancianos; están imponiendo cargas adicionales a las mujeres, que en muchos casos compatibilizan con su trabajo remunerado realizado desde el hogar; asumiendo dobles y triples jornadas de trabajo.
Al mismo tiempo, alrededor del 70% de los trabajadores del sector de la salud en todo el mundo son mujeres, lo que hace que estén más expuestas a la pandemia. En España, por ejemplo, entre los trabajadores del sector sanitario infectados, el 71,8% son mujeres frente al 28,2% de hombres (ONU MUJERES, 2020).
Por último, las situaciones de encierro agravan la falta de derechos de las mujeres al aumentar los riesgos de violencia, explotación, abuso o acoso debido a las elevadas barreras cuando intentan salir del hogar o incluso llamar a las líneas telefónicas de emergencia en presencia de sus agresores.
Además, el desplazamiento de los recursos públicos hacia la emergencia de salud pública también podría poner a las mujeres en una situación más arriesgada en lo que respecta a los derechos de salud sexual, reproductiva y maternal, especialmente cuando los recursos de los sistemas de salud son muy limitados.
Los efectos de la actual crisis agravan las desigualdades, entre ellas las de género, y nos incitan a colocar en el centro del debate la necesidad de contar con recursos públicos de calidad con efectos progresivos, que deberán ir de la mano de estrategias recaudatorias más eficientes y progresivas. Dada la merma en los recursos disponibles, parece necesario identificar quienes y de qué manera están absorbiendo en mayor medida los efectos de la actual crisis, para generar estrategias orientadas a lograr mayores niveles de igualdad.
Especialmente en América Latina, donde gran parte de la población –y específicamente las mujeres- trabajan en el sector informal y han quedado sin ingresos y en muchos casos sin ningún tipo de protección social, es necesario generar recursos especialmente orientados en este sentido. Además, dado los efectos que las medidas de confinamiento han tenido sobre los cuidados, la necesidad de generar y/o fortalecer estrategias públicas de protección en esta materia se torna un elemento central generador de equidad.
Referencias
Imagen de portada extraída de: https://blogs.iadb.org/igualdad/es/mujeres-enfrentan-mayores-riesgos-ante-coronavirus/
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